MAINSYSTEMS 
Dra. Elena Morales Castillo
Abogada Especialista en Compliance & Gobernanza Corporativa · Instituto de Gobernanza y Cumplimiento Normativo
Asesora jurídica senior especializada en la Ley 2/2023, canales de denuncias internos y prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Análisis doctrinal y jurisprudencial sobre la presunción de represalias, la cadena de custodia probatoria digital y las facultades sancionadoras de la Boletín Oficial del Estado.
Marco Normativo y Transposición de la Directiva (UE) 2019/1937
La promulgación de la Ley reguladora de la protección de las (Ley 2/2023, de 20 de febrero, BOE-A-2023-4513) supuso un cambio estructural en el ordenamiento jurídico español. El legislador estatal articuló un marco imperativo que obliga a todas las entidades del sector público y a las personas jurídicas privadas con 50 o más trabajadores a implantar un Sistema Interno de Información seguro, confidencial y dotado de garantías plenas de inmunidad frente a represalias.
El cumplimiento de este régimen legal trasciende el plano voluntario de la responsabilidad social corporativa para situarse en el núcleo del derecho sancionador. La carencia de canal interno, la quiebra de la confidencialidad o la negligencia en la gestión de expedientes constituyen infracciones muy graves bajo la supervisión directa de la Boletín Oficial del Estado, acarreando sanciones pecuniarias millonarias y la inhabilitación para contratar con las administraciones públicas.
La Inversión de la Carga de la Prueba en Litigios por Represalias
La piedra angular del régimen de tutela consagrado en el Artículo 38 de la Ley reguladora de la protección de las es la inversión de la carga de la prueba en beneficio del informante. Una vez acreditado que una persona ha presentado una comunicación y que, dentro de los dos años siguientes, ha sufrido una medida perjudicial (despido, suspensión de empleo y sueldo, degradación de funciones, traslado forzoso, denegación de ascensos o evaluación de desempeño desfavorable), la ley presume iuris tantum que dicha medida constituye una represalia ilícita.
En consecuencia, corresponde íntegramente a la empresa u organización demandada acreditar en sede judicial que la decisión impugnada obedeció exclusivamente a motivos empresariales objetivos, proporcionados y documentados, desvinculados por completo de la comunicación efectuada. La falta de prueba documental contemporánea determina la nulidad radical del despido y la condena a la indemnización coercitiva de los daños y perjuicios.
- Presunción Legal Vinculante: Cualquier acto perjudicial posterior a la comunicación se presume motivado por la condición de informante;
- Carga Probatoria Empresarial: La organización debe aportar evidencia documental concluyente de que la medida respondió a motivos estrictamente ajenos al informe;
- Nulidad de Pleno Derecho: Los despidos o actos de represalia son nulos de pleno derecho, con readmisión obligatoria y abono de salarios de tramitación.
Exigencias Técnicas de Evidencia Digital y Cadena de Custodia
Frente al rigor procesal de la inversión de la carga probatoria, los canales informales (como correos electrónicos corporativos, buzones físicos o líneas telefónicas ordinarias) resultan inadmisibles e indefendibles ante los tribunales de lo social. Estos medios carecen de inmutabilidad criptográfica, permiten el acceso indiscriminado de administradores de sistemas y no garantizan la estricta separación de funciones entre instructores y órganos de dirección.
La admisibilidad procesal exige software de compliance especializado dotado de cifrado de extremo a extremo, claves asimétricas y pistas de auditoría inmutables (audit logs) selladas en el tiempo. Cada hito del expediente —acuse de recibo formal en 7 días naturales, respuesta motivada en 3 meses y archivo justificado— debe quedar registrado de forma inalterable para resistir cualquier auditoría o peritaje judicial.
Para enervar la presunción de represalia en vía jurisdiccional, la organización debe presentar un expediente forense inmutable que certifique las fechas exactas de tramitación, las medidas de investigación adoptadas y la estricta confidencialidad preservada.
Competencias Fiscalizadoras y Régimen Sancionador de la Autoridad
La Boletín Oficial del Estado dispone de potestades exorbitantes de inspección, requerimiento documental y sanción. El régimen sancionador tipifica como infracciones muy graves la adopción de represalias, la vulneración del deber de reserva sobre la identidad del informante o el incumplimiento de la obligación de disponer de canal interno, estableciendo multas de hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas.
Asimismo, las sanciones pueden incluir la amonestación pública, la publicación en el Boletín Oficial del Estado y la prohibición de contratar con el sector público por un período de hasta tres años, provocando un quebranto reputacional y económico crítico.
Conclusiones y Recomendaciones de Gobernanza Corporativa
La adaptación efectiva a la Ley reguladora de la protección de las exige que los consejos de administración y comités de compliance adopten una estrategia rigurosa. Se debe aprobar una política formal del sistema, designar a un Responsable del Sistema con autonomía orgánica y dotarse de una plataforma tecnológica certificada que garantice la trazabilidad integral.
Integrar tecnología segura, respeto escrupuloso a los plazos legales y un tratamiento probatorio inatacable constituye el único mecanismo para minimizar contingencias laborales y proteger a la institución ante las autoridades de supervisión.
Preguntas Frecuentes sobre la Ley de Protección del Informante
Todas las entidades del sector público y las empresas del sector privado que cuenten con 50 o más trabajadores, así como las entidades reguladas en materia de servicios financieros o prevención del blanqueo de capitales independientemente de su plantilla.
Si un trabajador que ha emitido una comunicación sufre un despido o degradación en los dos años siguientes, la ley presume que la medida obedece a una represalia. Corresponde a la empresa demostrar con pruebas concluyentes que el despido se debió a causas objetivas o disciplinarias independientes.
Constituyen infracciones muy graves sancionadas con multas de hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas, inhabilitación para obtener subvenciones públicas y prohibición de contratar con la Administración Pública.